Un nuevo estudio del organismo regional destaca la importancia de generar empleos productivos y decentes
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llama a redoblar esfuerzos para abatir la pobreza y reducir la desigualdad en el actual contexto de desaceleración económica que vive la región en su último estudio titulado Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe.
Este nuevo documento del organismo regional de las Naciones Unidas fue presentado oficialmente durante la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo recientemente en Lima, Perú.
Según la Cepal, América Latina y el Caribe logró en el último decenio avances notables en diversas áreas del desarrollo social, entre ellos, una significativa reducción de la pobreza y una moderada caída de la desigualdad como resultado de políticas sociales y de mercado de trabajo implementadas en un escenario económico favorable, que permitió que los objetivos relacionados con la inclusión social ganaran un espacio inédito en la agenda pública y en las estrategias de desarrollo.
Pero aún queda mucho camino por recorrer, enfatiza la Comisión, sobre todo considerando la actual coyuntura económica que augura dificultades para recuperar las tasas de crecimiento registradas en años anteriores y mantener el nivel del gasto público en algunos países.
La reducción de la pobreza se ha estancado desde 2012 y la indigencia muestra una leve tendencia al alza. Además, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso. Según las últimas estimaciones del organismo regional para 19 países de América Latina, en 2014 existían 167 millones de personas en situación de pobreza (28 por ciento del total de la población), de los cuales 71 millones (12 por ciento del total de la población) se encontraban en la indigencia.
Además, datos de 2013 indican que sólo la mitad de la población de América Latina y el Caribe (49.1%) se encuentra fuera de las situaciones de indigencia, pobreza o vulnerabilidad a la pobreza. Los niños y niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes son quienes más sufren situaciones de discriminación, carencia, privación de derechos o vulnerabilidad en la región, señala la Cepal.
Según información recogida en encuestas de hogares de ocho países de América Latina en 2011, 7 por ciento de la población no indígena ni afrodescendiente es indigente o altamente vulnerable a la indigencia, porcentaje que se eleva a 11 por ciento en el caso de la población afrodescendiente y a 18 por ciento de los pueblos indígenas. De igual forma, mientras el 62 por ciento de la población no indígena ni afrodescendiente era considerado no vulnerable, esa cifra baja a 56 por ciento en el caso de la población afrodescendiente y a sólo 33 por ciento en el de los pueblos indígenas.
En la misma línea, en la región las mujeres constituyen aproximadamente el 51 por ciento de la población total, pero sólo acceden al 38 por ciento de la masa de ingresos monetarios que generan y perciben las personas, correspondiendo el otro 62 por ciento a los hombres.
“Entre los ámbitos de la sociedad que producen, exacerban o mitigan desigualdades, el más decisivo es el mundo del trabajo. Ahí se genera la mayor parte del ingreso de los hogares en América Latina y el Caribe, así como las desigualdades inherentes a su distribución”, explica el organismo en el documento.
Según cálculos realizados por la Cepal con datos de 17 países de América Latina alrededor de 2013, los ingresos laborales representan en promedio 80 por ciento del ingreso total de los hogares; 74 por ciento del ingreso total de los hogares en situación de pobreza, y 64 por ciento en los hogares en situación de indigencia. La Comisión también estima que 18.9 por ciento del total de personas ocupadas recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el estudio, estas cifras demuestran que un alto porcentaje de personas en situación de pobreza e indigencia en la región está inserto en el mercado de trabajo; no obstante, los ingresos que obtienen de esta fuente son insuficientes para satisfacer sus necesidades. De ahí la importancia del acceso a un empleo productivo y de calidad y al trabajo decente.
En este marco, resulta crucial redoblar los esfuerzos para fortalecer y mejorar las políticas sociales, en particular, las estrategias de reducción de la pobreza y la extrema pobreza, asegurando su sostenibilidad financiera y dotándolas de herramientas que garanticen su eficacia y efectividad, indica la Cepal.
De esta forma, el organismo llamó trabajar en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental.
“Reducir sustantivamente la desigualdad es condición indispensable para reducir la pobreza. Lo social no se juega sólo en lo social, sino que también en la economía, en la política y en el medio ambiente. Tampoco la diversificación productiva y el cambio estructural se deciden sólo en el campo económico: el desarrollo social inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de la población son un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica”, señala la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el prólogo del documento.
Aunque la región cumplió la meta establecida en el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la indigencia en 2015 (comparado con los niveles de 1990), la Cepal insiste en que es indispensable realizar esfuerzos significativos para cumplir los recién adoptados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el primero que plantea erradicar la extrema pobreza en todas sus formas en 2030.
Además de ofrecer un diagnóstico de los avances recientes y los desafíos que persisten en materia de pobreza y desigualdad, el nuevo informe de la Cepal analiza la institucionalidad a cargo de las políticas sociales y plantea orientaciones de política en diversos ámbitos clave para el desarrollo inclusivo.
Revista Protocolo
