La iniciativa, a cargo del Consejo Consultivo de Ciencias, incluye la plataforma digital “Empresas de base tecnológica”
El Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) presentó recientemente una iniciativa para fomentar la creación de empresas de base tecnológica, que pretende dar a conocer a los investigadores de instituciones científicas las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos aprobadas en 2015.
Como parte de esta iniciativa, apoyada por destacados investigadores y miembros del CCC, se conformó la plataforma digital “Empresas de base tecnológica”, en la que los investigadores con vocación empresarial pueden consultar los materiales acerca de las modificaciones legislativas, así como algunos casos de éxito de empresas de este tipo en México.
En conferencia de prensa, Arturo Menchaca Rocha, coordinador general del CCC, destacó que un problema reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Especial de Ciencia y Tecnología es la falta de relación entre la ciencia y la industria. “En otros países la ciencia hace empresa, es decir, los científicos son empresarios, y en México debemos buscar que esto también ocurra”, dijo.
El doctor Enrique Galindo Fentanes, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y uno de los investigadores promotores de la plataforma, recordó que en México se hace ciencia de calidad internacional que, además de ser publicada en revistas internacionales, genera tecnología, pero la transferencia de esta se encontraba, hasta diciembre de 2015, con limitaciones legales.
Galindo explicó que tras las reformas a las leyes y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de diciembre de 2015, se estableció un plazo de 180 días para que las instituciones públicas adoptaran lineamientos internos con el fin de cumplir con la ley. “Este plazo venció el 7 de junio de 2016 y la mayoría de las instituciones no lo han cumplido o han establecido normatividades que no fomentan ni la creación de empresas [por parte de los científicos] y la trasferencia de tecnología generada en las instituciones públicas.”
Para Alfonso Larqué Saavedra, coordinador de la sección de Agrociencias de la AMC, un aspecto necesario para que el esfuerzo que empezó en 2015 se concrete es que queden claros los lineamientos que las instituciones de investigación del país deben tener para cumplir con la ley. También es necesario, señaló, que los representantes de la Secretaría de la Función Pública en las instituciones académicas del país sean facilitadoras de los cambios legislativos.
En la presentación también participó Mayra de la Torre, titular de la Unidad de Alianzas y Programas Estratégicos del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, que coincidió en que la creación de empresas de base tecnológica es parte de la estrategia comercial que implica el patentar determinado conocimiento científico.
Revista Protocolo
