La declaración catalana será anulada en las próximas horas por el Tribunal Constitucional español.
Protocolo/Redacción
El Parlamento de Cataluña aprobó este viernes iniciar el proceso para «constituir una República catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social», al inicio de la que tal vez sea la jornada más dramática de toda la crisis por la independencia de Cataluña, que incluyó la salida de la sala de plenos de los partidos contrarios a la independencia.
Tras la moción, se instó al gobierno autónomo a tomar todas las medidas necesarias para la entrada en vigor de la llamada «Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República», declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español.
La moción fue aprobada con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Pero 53 diputados -de un total de 135- también abandonaron el recinto antes de la votación para dejar constancia de su rechazo a la iniciativa.
Poco después, el Senado español autorizó al presidente español Mariano Rajoy para disolver el Parlament, destituir al presidente catalán, Carles Puigdemont, y convocar a elecciones en la comunidad autónoma. Bajo la aplicación del artículo 155 para hacer frente al desafío de la independencia de la comunidad. Y estos no son los únicos retos a los que tendrán que hacer frente los independentistas catalanes.
Luego, todos los diputados independentistas, acompañados de alcaldes llegados de distintos puntos de la región, cantaron al unísono «Els Segadors», el himno nacional de Cataluña.
El referendo fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español y los intentos de la guardia Civil por impedir la votación o hacerse con las urnas generaron escenas de violencia.
Al final, según las autoridades catalanas, votaron cerca del 2.3 millones de catalanes (aproximadamente un 30% de la población), con un 90% de ellos expresándose a favor de la independencia.
La respuesta de Madrid
Poco después de la votación en el Parlament, el Senado español aprobó un paquete de medidas que le otorgan al gobierno español la potestad de destituir a todo el gobierno catalán y disolver el parlamento de la comunidad autónoma. Las medidas están amparadas en el artículo 155 de la Constitución española, aplicable cuando una de las regiones del país no está cumpliendo con la legalidad vigente.
Según explicó el propio presidente español, Mariano Rajoy, la autorización para disolver el Parlament tiene como objetivo permitirle convocar a elecciones en la región «en un plazo máximo de seis meses».
Rajoy también reaccionó inmediatamente a la decisión del parlamento catalán pidiendo «tranquilidad a todos los españoles» a través de su cuenta de Twitter.
La Unión Europea partidaria de evitar secesionismos en el bloque aseguró que «España se mantiene como nuestro único interlocutor».
«Para la UE nada cambia», escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, «Espero que el gobierno español favorezca el uso de la razón y no de la fuerza».
Actualización
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy decidió disolver el gobierno de Cataluña, que encabezaba Carles Puigdemont, y anunció que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones en esa región.
El Consejo de Ministros español aprobó el cese del gobierno catalán tras la declaración de independencia aprobada por el Parlamento la mañana de este viernes, en el marco de las medidas para restablecer la legalidad constitucional, informó el jefe del Ejecutivo.
