Activistas y líderes comunitarios tratan de convencer a los jueces de que la implementación de dicha medida podría desatar el odio racial en Estados Unidos
Por Iris Araiza
Phoenix, Arizona (EU).— A dos años de haberse firmado la polémica Ley SB1070 en Arizona, la Corte Suprema de la nación inició audiencias sobre la demanda que pesa sobre dicha medida entablada por el gobierno federal en contra de Arizona.
El pasado 25 de abril un tribunal compuesto por ocho jueces escuchó argumentos en favor y en contra de dicha medida y tienen hasta finales de junio para emitir un veredicto de si se veta o se pone en vigor en su totalidad en el estado.
Al mismo tiempo que esta audiencia se llevaba a cabo en Washington, DC, en Arizona tenía lugar una marcha en la que participaron más de 500 personas quienes protestaban en contra del racismo y la discriminación que aseguran se ha causado por la SB1070. La marcha siguió una ruta estratégica pasando por el Departamento de Policía, la cárcel de la Avenida 4 operada por el departamento del alguacil Joe Arpaio; la Corte federal del distrito y las oficinas del Departamento de Inmigración. Ésta fue la última de tres actividades pues anteriormente ya se habían realizado vigilias afuera del Parlamento estatal en donde activistas pedían por un poco de alivio en Arizona. Al término de la jornada la policía reportó el arresto de nueve personas por bloquear la avenida central mientras marchaban.
Preguntas como: “Cómo viste un inmigrante indocumentado, que lo hace diferente a los demás ciudadanos?” no fueron suficientes para demostrar que se podría llegar a caer en la toma de decisiones basadas en el perfil racial, pues los argumentos que dio el abogado del gobierno de Barack Obama no convencieron a los jueces que al parecer se inclinan a favor de una polémica parte de la Ley SB1070 que pretende criminalizar a los indocumentados en el estado y daría permiso para que los oficiales de policía puedan pedir prueba de “legalidad” a todos los que a su criterio son indocumentados en Arizona.
Por su parte la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista y satisfecha con el trabajo de su abogado quien no se dejó intimidar y no descartó que la aprobación de dicha ley pueda hacer que se encarcele a aproximadamente 400 mil indocumentados que se calcula viven en el estado.
Por su parte activistas y líderes comunitarios hacen esfuerzos para tratar de convencer a los jueces de que la implementación de dicha medida sería un error garrafal, pues muchos otros estados sólo están esperando el fallo para implementar leyes similares por lo que temen que se desate el odio racial en la nación.
Y así con vigilias y marchas pacíficas y pidiendo que “en vez de poner leyes que nos criminalicen nos ayuden a tener una reforma migratoria en la que ambas partes saldrían beneficiadas, pues esto ayudaría a activar un poco la economía”; dejaron un mensaje muy claro de que hay que mantenerse informados pero en calma ya que los argumentos presentados no son una decisión formal para lo que aún faltan unas semanas y si de los ocho jueces cuatro quedaran a favor y cuatro en contra de dicha medida la ley seguiría como hasta ahora, pero si llegan a ser cinco votos a favor la ley se implementará en su totalidad, o si por el contrario cinco votan en contra, la controversial SB1070 moriría en esa Corte nacional.
Mientras esto sucede y al menos por unas semanas más, Arizona seguirá siendo el ojo del huracán y uno de los estados con leyes más duras en cuanto a inmigración ilegal se refiere.
Revista Protocolo
