La XVI Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica concluyó con la demanda de elevar el tema de las migraciones a nivel de prioridad en la agenda de este grupo, según indica el denominado Compromiso de Montevideo.
“Es urgente continuar y profundizar el análisis global de la migración desde una perspectiva integral y coherente, que considere tanto sus causas como sus efectos”, precisa el documento.
Las migraciones —indica— constituyen una realidad y un desafío de creciente complejidad que requiere ser abordado por los estados con un enfoque multidisciplinario, en el marco de la cooperación internacional.
El texto llama “al respeto de los derechos humanos y la diversidad cultural de los migrantes y sus familiares, y el estricto apego al principio de no discriminación o selectividad por motivo de origen étnico, género, edad, religión o nacionalidad”.
“Es preciso —agrega— situar la persona del migrante en el centro de los programas o proyectos migratorios, garantizando que las políticas migratorias respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes.”
Expone como causa de ese fenómeno la falta de desarrollo, la afectación a los derechos humanos, la pobreza, desastres naturales, la inestabilidad política, la búsqueda de mejores condiciones de vida, inequidad en la distribución de la riqueza y falta de oportunidades.
“La migración calificada (robo de cerebros) —precisa el documento— constituye una realidad cada vez más difundida que muchas veces implica, para los países en desarrollo, una transferencia de recursos humanos con un alto costo económico y social.”
“El establecimiento de políticas y prácticas de seguridad por parte de los estados no deberá estigmatizar a los migrantes”, subraya.
A continuación indica que “las remesas no deben ser catalogadas como ayuda oficial al desarrollo, puesto que son flujos financieros privados, de solidaridad familiar”, y más adelante añade:
“El racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación contra los migrantes y sus familiares, son incompatibles con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.”
Ante la gravedad del tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas y otras formas de delitos transnacionales —dice—,”la comunidad internacional tiene la obligación de asumir un mayor compromiso en la prevención, penalización y combate de éstos”.
Advierte, asimismo, el aumento progresivo de la participación de la mujer en estos movimientos internacionales, y llama a “adoptar políticas de equidad de género que contemplen el impacto diferenciado que tiene la migración” en ese sector social.
Fuente: Diario Latino
