Internacional

De Centroamérica, la mayor migración a México

De los cerca de 4,680 extranjeros que de marzo a octubre del año pasado obtuvieron el documento que les acredita su estancia legal en México y, por tanto, les otorga seguridad jurídica para integrarse a la vida nacional, 2,730 personas se dedican a actividades técnicas, 2,000 radican en el país con calidad familiar y ocupan cargos de confianza en diversas empresas, 345 son individuos dedicados a negocios, 129 son rentistas profesionistas, 75 estudiantes, 56 artistas, 15 académicos, 12 deportistas, 5 inversionistas y 4 son científicos.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, los ciudadanos guatemaltecos son los que más se acogieron a este tipo de programas de regularización, al sumar 1,953 solicitudes recibidas por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Le siguen en importancia 1,307 hondureños, 902 salvadoreños, 385 estadounidenses, 325 colombianos, 250 nicaragüenses, 205 cubanos, 193 peruanos, 127 españoles y 91 argentinos, entre las principales nacionalidades.

Al concluir el Programa de Regularización Migratoria, quedaron pendientes de resolverse 1,546 solicitudes, mientras 206 fueron rechazadas. Con el programa fueron beneficiados aquellos extranjeros que ingresaron al país antes del 1 de enero de 2000 y que acreditaron realizar alguna actividad lícita y honesta en México, o bien, que están integrados a la vida familiar.

De esta manera, el INM cumplió con su misión de contribuir a que los movimientos migratorios de extranjeros y nacionales favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, preservando siempre la seguridad y soberanía de la nación, con apego a la ley y respetando los derechos humanos.

El Registro Nacional de Población e Identificación Personal es una dirección general que apoya al INM, al registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran la población del país y a los mexicanos que radican en el extranjero. El objetivo es crearles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos.

De esta manera, el registro nacional de población e identificación personal está conformado por el registro nacional de ciudadanos, el registro de menores de edad y el catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana.

¿Premisas cumplidas?

El encargado de promover, coordinar, dar seguimiento, evaluar y apoyar en los aspectos relacionados al fenómeno demográfico del país es el Consejo Nacional de Población (Conapo).

En este sentido, este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación tiene la importante misión de monitorear el crecimiento poblacional del país y realizar proyecciones sobre el mismo.

Según el Conapo, si se cumplieran las premisas establecidas para la fecundidad, la mortalidad y la migración internacional, México aumentaría de 92.1 millones de habitantes a mediados de 1995 a 99.6 millones en el año 2000, 112.2 en 2010, 128.9 en 2030 y 131.6 millones en 2050. La tasa de crecimiento total descendería de 1.73 por ciento en 1995 a 1.44 por ciento en 2000; 0.99 en 2010; 0.39 en 2030 y –0. en 2050.

De esta manera, por primera vez desde la culminación de la lucha armada de la Revolución Mexicana (1910-1921), la población del país decrecería a partir de 2044.

En el quinquenio 1996-2000, el incremento neto medio anual de 1.5 millones de personas será resultado de promedios anuales de 2.2 millones de nacimientos, 422,000 defunciones y una pérdida neta por migración de casi 300,000 individuos.

Sin duda, el crecimiento poblacional se ve afectado por los movimientos migratorios, los cuales en su mayoría son producto de la búsqueda de mejores condiciones de vida en el marco de fuertes asimetrías.

Así, México es país de origen, destino y tránsito de importantes flujos migratorios. En el país, el fenómeno de la migración observó un incremento promedio anual de 7,000 inmigrantes durante las décadas de 1970 y 1980.

Según datos del Censo de Población y Vivienda de 1990, en ese año residían en el país alrededor de 340,000 extranjeros, cifra que representó sólo 0.42 por ciento de los habitantes del país.

En cuanto a los rasgos demográficos y socioeconómicos de la inmigración, se observa que existe una proporción semejante de hombres y mujeres y el principal país de origen de los inmigrantes es Estados Unidos (más de 50 por ciento), seguido por oriundos de Centro y Sudamérica, y en menor medida de europeos, asiáticos y africanos.

Jóvenes y viejos

Los inmigrantes de países no americanos muestran una estructura envejecida y los centro y sudamericanos conforman un perfil por edades jóvenes. Diez entidades de la República concentran cerca de 80 por ciento de los inmigrantes. Éstas son: Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas (en la frontera norte); Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en el bajío y el occidente; el Distrito Federal y el Estado de México en el centro, y Chiapas en el sureste.

Los nativos de Estados Unidos habitan básicamente en el norte y en el occidente, en el Valle de México reside más de 60 por ciento de los que nacieron fuera del continente americano y en Chiapas vive casi el 40 por ciento de los que provienen del sur, especialmente de Centroamérica.

Del sur vienen trabajadores agrícolas estacionales que se dirigen principalmente a Chiapas, refugiados guatemaltecos y que fueron beneficiados en 1998 con el Programa de Integración Definitiva, mediante el cual se les otorgó la residencia definitiva o la nacionalidad mexicana.

Es importante señalar también los transmigrantes indocumentados, o sea, aquellas personas que se internan en el territorio nacional, por lo general en forma indocumentada, con el propósito de llegar a un tercer país. Debido a las características de este tipo de desplazamientos es difícil su cotejo y sólo se cuenta con las cifras correspondientes a las devoluciones realizadas por las autoridades migratorias mexicanas.

En 1980 la cifra de deportados rebasó las 10,000 personas; en 1990 sobrepasó las 100,000 anuales, cifra que continuó hasta 1999, al registrarse un total de 123,680 personas devueltas, según el INM.

Casi la totalidad de deportaciones realizadas en los últimos años corresponden a los migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que representaron 97 por ciento del total de personas deportadas en 1999.

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