BARCELONA, España.— Jueves 11 de marzo de 2004, 7:39 horas, amanece en España un día que pasará a la historia de la ignominia. Tres bombas explotan en un tren procedente de Alcalá de Henares, ciudad cercana Madrid, cuando llega a la concurrida estación de Atocha. Pocos segundos después, cuatro explosivos revientan otro convoy a escasos metros de la misma estación. El caos y la confusión se apoderan de la capital. Los primeros equipos de emergencias llegan a la zona y a pesar del ya de por sí trágico momento, continúa el drama. Apenas han pasado unos minutos cuando otras dos explosiones sacuden la estación del Pozo del Tío Raimundo y en los andenes de Santa Eugenia, otra carga explosiva destroza otro convoy, éste a escasos metros de una escuela cuyos alrededores, llena de niños, también son afectados por la onda expansiva.
En apenas tres minutos, diez mochilas bomba han sembrado la destrucción y el pánico en Madrid. En plena hora pico, cuando los cuatro trenes de cercanías transportaban a cientos de trabajadores y estudiantes que, día con día, realizan el mismo trayecto entre el Corredor del Henares y la capital.
Los centros sanitarios de Madrid activan el Plan de Emergencia ante catástrofes, mientras los ciudadanos responden masivamente al llamamiento urgente para que se acuda a donar sangre y en los hospitales de toda España hacen fila los donantes desde el primer momento.
Se suspende inmediatamente la campaña electoral para las elecciones que se celebrarán tres días después. En las horas inmediatas a la matanza, el ministro de Interior, Ángel Acebes, comparece ante los medios de información para atribuir los atentados a la banda terrorista ETA. Pero el mismo día del ataque, el hallazgo de una furgoneta en Alcalá de Henares con varios detonadores idénticos a los usados en las explosiones de los trenes madrileños y una cinta con versículos del Corán hace pensar en otros posibles culpables. Se abre una nueva vía de investigación que apunta a Al Qaeda.
Esa misma noche el grupo radical islámico reivindica la autoría de la masacre mediante una carta enviada al periódico árabe Al Qods Al Arabi. El gobierno sigue manteniendo como hipótesis principal la autoría de ETA pero investiga también la “pista árabe”. Los ciudadanos se congregan al mediodía espontáneamente frente a los ayuntamientos de las principales ciudades del país en solidaridad con las víctimas. Banderas y sentimientos a media asta en una hora grave en que piedad quiere decir estar con los nuestros.
A primera hora de la tarde, la familia real visita a los heridos en los diversos hospitales donde se encuentran. Por la noche el rey se dirige por televisión a la nación y expresa su profundo afecto a las víctimas, el agradecimiento a la sociedad por las muestras de solidaridad y pide “unidad, firmeza y serenidad en la lucha contra el terrorismo”.
Al día siguiente, viernes, más de 11 millones de españoles se manifiestan en las principales ciudades de España para solidarizarse con las víctimas y sus familias. La lluvia que cae en Madrid parece lágrimas del cielo. Encabezaban la manifestación de la capital el príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina; es la primera vez que miembros de la casa real participan en una concentración de este tipo. La población se pregunta, sin respuesta, quién puede ser tan criminal.
Al día siguiente, sábado, jornada de reflexión para las elecciones. La prensa internacional culpa de los atentados a grupos cercanos a Al Qaeda pero el gobierno español sigue manteniendo su postura de inculpar a ETA como primera hipótesis. Se realizan concentraciones de gente enfurecida que se alargan hasta la madrugada, ante las sedes del Partido Popular insultan al gobierno y claman eslóganes como “Antes de votar, queremos la verdad”.
La jornada electoral transcurre sin incidentes. La población acude en gran número a las urnas (77 por ciento del censo electoral) bajo la consternación de las trágicas horas vividas. La movilización del voto de castigo al gobierno propicia un vuelco histórico, inimaginable una semana antes, y otorga una amplia mayoría al Partido Socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (164 diputados frente a los 148 que obtiene el Partido Popular). A pesar de los éxitos cosechados en ocho años de gobierno del PP y que han significado un importante avance económico para España, los ciudadanos no perdonan la alianza de Aznar con Estados Unidos en la guerra de Irak, a la que se opusieron el 90 por ciento de los españoles, y consideran los atentados una consecuencia de esa política internacional, agravado por la ocultación de información que se consideró como un intento de influenciar a la población antes de votar.
Por ironías de la historia, el mismo día en que se cumple un año de la celebración de la cumbre de las Azores entre Bush, Blair y Aznar donde se decidió la invasión de Irak, se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el que se cesa al gobierno.
De acuerdo con el procedimiento que explicábamos en la edición número 15 de Protocolo, se nombra presidente del gobierno, el quinto de la democracia española, a José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene como primera misión apaciguar la sensación de indignación e inseguridad que se ha enquistado en la sociedad.
Para la historia perdura imborrable el recuerdo de las 190 víctimas mortales y 1,400 heridos del más brutal atentado que ha sufrido Europa en su historia reciente. Este crimen se produce exactamente dos años y medio, o lo que es lo mismo 911 días, después de los atentados en Nueva York y Washington (las cifras se vuelven esperpénticas al comprobar que en Estados Unidos las fechas se escriben precediendo el día al mes por lo que 11 de septiembre se escribe 9-11). El terror no tiene fronteras, la barbarie fanática del terrorismo no conoce límites y el odio fundamentalista no hace excepciones. Europa ha sufrido su 11-M, una advertencia para que todas las naciones recapaciten y recuerden las palabras de Gandhi: “No hay caminos para la paz. La paz es el camino”
