Internacional

Embajador de México en Japón firmó el ACTA contra “piratería”

Con la firma México acepta el control corporativo de la red, aseguran opositores del acuerdo

Claude Heller Rouassant, embajador de México en Japón

El embajador de México en Japón, Claude Heller Rouassant, firmó ante el gobierno japonés el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), con la finalidad de combatir la falsificación y la piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas.

El acuerdo se firmó a pesar de que instancias como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y el Senado de la República habían recomendado por separado al presidente de México, Felipe Calderón, no participar en la iniciativa comercial.

El ACTA entrará en vigor en México una vez que la próxima legislatura del Senado lo apruebe. La propuesta —aseguran sus opositores— contempla que en caso de una demanda por parte de un autor a un tercero, las autoridades estarían obligadas a proporcionar la información del acusado para que sea acreedor de una sanción legal.

El convenio, cuyas negociaciones iniciaron en 2006 por parte de distintos gobiernos, tiene como objetivo combatir la piratería y proteger los derechos de autor online y físico a escala internacional, pero se ha enfrentado a duras críticas por parte de líderes sociales y distintas instancias legales nacionales e internacionales.

En el Acuerdo participan además de México naciones como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza.

“El ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, (…) y no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte”, señaló el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de un comunicado de prensa.

El Instituto puntualizó que la aplicación del ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.

Si bien el ACTA es un acuerdo amplio, que incluye desde falsificación de marcas y bienes físicos hasta patentes sobre medicamentos, un área sobre la cual el tratado demuestra especial interés es la de la propiedad intelectual en el ámbito digital: la distribución en internet y las tecnologías de la información.

Por esta razón los opositores del ACTA señalan que afectará a todos, en especial a usuarios de computadoras e internet, pero también a quienes se benefician con los medicamentos genéricos fabricados a bajo costo.

También se señala que en internet, se verán perjudicados quienes compartan contenidos por P2P, o quienes realicen remezclas a partir de contenidos obtenidos de la web, o quienes hagan periodismo ciudadano desde un blog recogiendo contenidos de los medios, por citar algunos ejemplos. En general, afirman sus opositores, afectará a todos aquellos que se benefician de una red abierta y neutral que permite el libre flujo de la información.

Destacan que el ACTA afectará la libertad de expresión, porque muchos usuarios quedarán expuestos a eliminación arbitraria de cuentas en los diversos servicios ofrecidos en la red (por ejemplo una cuenta en Flickr o Blogger), o incluso provocar desconexiones masivas de internet, por un proceso administrativo realizado y evaluado por el proveedor del servicio, es decir, un privado, sin intervención judicial previa.

Se argumenta que las empresas que den conexión a internet, u ofrezcan servicios en la red donde los usuarios suban contenidos, se les asignará esta función policial, en la medida que deseen mantenerse al margen de las demandas legales. Entonces, también afectará la privacidad, porque para ejercer un control efectivo sobre un volumen tan grande de datos, los usuarios estarán más expuestos a un permanente monitoreo.

Ya en 2008 muchas agrupaciones que seguían de cerca el acuerdo advertían que ACTA pretendía:

•    Solicitar a los proveedores de servicios de internet que monitorearan todas las comunicaciones de sus usuarios.

•    Obstaculizar el uso justo de materiales con copyright.

•    Criminalizar a quienes compartiesen archivos en internet usando programas Peer To Peer (P2P).

•    Limitar el acceso a medicamentos de bajo costo.

En la Unión Europea (UE) 22 de los 27 países comunitarios, entre ellos España, ya han firmado el texto mientras otros como Alemania o Polonia han solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo y aún no han cumplido esa etapa.

El pasado 4 de julio el pleno del Parlamento Europeo (PE) rechazó por amplia mayoría el ACTA aduciendo que se entromete en los derechos fundamentales de los internautas.

El veto —establecido por 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones— supone que el acuerdo no tendrá validez jurídica en ningún país de la Unión Europea (UE).

Se trata de la primera vez que la Eurocámara hace uso de los nuevos poderes que le otorga el Tratado de Lisboa para rechazar un tratado de comercio internacional.

Además, el Parlamento Europeo reveló que “miles de ciudadanos europeos” enviaron correos electrónicos o llamaron directamente a las oficinas de sus diputados presionando para que se opusieran al acuerdo.

En México el director del IMPI, Rodrigo Roque, sostuvo que se debe ahora abrir “un debate (…) amplio, plural y democrático”, sobre la idoneidad o no de ACTA, en el que deben estar presentes las opiniones de los tuiteros y de los internautas, entre los más críticos de ACTA en numerosos países.

Revista Protocolo

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