En la actualidad, y de primera impresión, pensar en un conflicto territorial entre miembros de la Unión Europea resultaría difícil de considerar.
Sin embargo, dos de los miembros de esa organización, España y el Reino Unido, sostienen desde hace varios siglos un litigio sobre la jurisdicción de una pequeña porción territorial, misma que a través del tiempo ha tenido una importancia geopolítica muy relevante: Gibraltar.
Situado en el extremo sur de la península ibérica, a unas cuantas decenas de kilómetros de la costa africana, de la que lo separa el estrecho del mismo nombre, Gibraltar es el punto que marca la división del océano Atlántico con el Mar Mediterráneo.
Evolución histórica
A pesar de lo reducido de su territorio -sólo mide unos seis kilómetros cuadrados-, desde tiempos ancestrales Gibraltar ha desempeñado un papel determinante en la historia europea.
Por principio de cuentas, a partir del año 711 los contingentes militares del Islam iniciaron desde allí la conquista del sur de España, en donde permanecieron hasta 1492, año en que tuvo lugar la expulsión de los moros de la península ibérica.
La presencia británica en el bastión data de 1704, cuando bajo el mando de sir George Rook, una flota británica atacó la fortaleza española establecida en el lugar, consiguiendo casi de inmediato la rendición de la misma.
Luego de la acción armada se firmó el Tratado de Utrecht, de 1713, suscrito por España, Gran Bretaña, Holanda, Francia y Portugal, que entre otros aspectos, determina que España cede a perpetuidad Gibraltar a Gran Bretaña.
No obstante, hubo no pocos intentos -que a la postre resultaron infructuosos- por recuperar el territorio, e incluso se planteó ceder Florida a los británicos a cambio de la colonia.
En 1967, el gobierno británico celebró un plebiscito en el enclave para decidir si Gibraltar deseaba reunificarse con España.
En dicha oportunidad, prácticamente todos los gibraltareños votaron contra la unificación -12,000 personas; mientras que 44 votaron por la unión con la nación ibérica-, lo cual causó un profundo impacto en España, por entonces gobernada por Franco, quien dos años después, en 1969, determinó cerrar la frontera con Gibraltar, la cual permaneció así durante 16 años.
Esto resultó contraproducente para las aspiraciones españolas, ya que además de la separación de familias y la pérdida de empleos, lo único que logró fue que Gran Bretaña concediera mayor autonomía administrativa y más libertad política a los gibraltareños.
En 1994, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Abel Matutes, propuso un esquema mediante el cual su país se comprometía a respetar la autonomía del Peñón y su estatuto fiscal, a cambio de medio siglo de soberanía compartida con Londres, periodo tras el cual el territorio se reintegraría plenamente a España.
En enero de 1999 se iniciaron nuevas tensiones tras de que pescadores españoles acusaron a las autoridades del Peñón de violar los derechos de acceso en torno al mismo, esto fue secundado por España, que arreció los controles fronterizos y aisló más aún a la diminuta colonia.
Negociaciones hispano-británicas
Un obstáculo serio para que la situación se modifique es que Londres insiste en mantener una doble fidelidad a dos asuntos: uno de ellos es respetar la voluntad de los gibraltareños, lo que impide una negociación únicamente hispano-británica, en la que no tome parte Gibraltar.
El otro asunto es el Tratado de Utrecht, que cierra el paso a todo movimiento de los gibraltareños hacia su descolonización, en detrimento del derecho de retrocesión del territorio, al que tiene derecho España.
En este sentido, el actual ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, desde 1997 insiste cada septiembre ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que la única solución para los conflictos en torno al Peñón es la autodeterminación de sus habitantes.
En cuanto a dos de los principales aspectos que obstaculizan el avance de las negociaciones (la cuestión del tráfico en el espacio aéreo de la colonia y la instalación de líneas telefónicas), parece finalmente haber avances, ya que por lo pronto, desde agosto de 2001 las autoridades españolas analizan conceder la autorización para instalar entre 30,000 y 60,000 líneas telefónicas en el territorio, lo que duplicaría o triplicaría las 30,000 líneas actuales.
Se espera que la determinación se adopte una vez concluido un estudio español que indique que la medida no implicaría una competencia desleal de los gibraltareños en tarifas telefónicas.
Eso se considera un importante avance ya que la cuestión de las comunicaciones ha sido una problemática constante en el contencioso Londres-Madrid.
Respecto al espacio aéreo, se pretende la creación de una autoridad europea centralizada para regular el tráfico aéreo en toda Europa -iniciativa «Cielo Único»-, lo cual ha sido bloqueado por un problema en torno a la construcción del aeropuerto de Gibraltar.
En cuanto al tráfico de personas y mercancías, España argumenta que dado que Gibraltar no forma parte del espacio de Schengen ni de la Unión Aduanera con la Unión Europea, no le es posible a España suprimir los controles a Gibraltar, como lo hace con cualquier otra entidad que no forme parte de ambos sistemas.
Perspectivas
En la actualidad, con un ambiente internacional diametralmente opuesto al que privó durante varias centurias, el papel estratégico de Gibraltar ya no es tan relevante como en el pasado, pero aún tiene un profundo significado para la otrora «reina de los mares», Gran Bretaña, manteniéndose como uno de los pocos -y cada vez menos- bastiones que permanecen bajo su dominio.
Asimismo, la devolución de Hong Kong a China, en julio de 1997, ha sido un suceso que marcó un renovado ímpetu español por reintegrar el territorio.
En caso de que se constituyera Gibraltar como un país independiente, se podría inspirar en el modelo de algunos de los Estados diminutos europeos, como Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, que aunque son entidades nominalmente soberanas, están integradas en lo comercial y en lo económico con alguno o algunos de sus países vecinos.
Con este mecanismo, posiblemente, los gibraltareños podrían optar por la soberanía, compartiendo algunas atribuciones con España y el Reino Unido.
Al respecto, cabe destacar que el instrumento jurídico que validó la ocupación británica, el Tratado de Utrecht, señala que en cuanto la Gran Bretaña renunciara a su dominio sobre la colonia, la misma retornaría de manera automática al control español.
Bajo este argumento, la nación ibérica ha intentado que Londres, en su carácter de socio de España en la Unión Europea, y bajo el contexto de la devolución británica de Hong Kong a China, en 1997, otorgue el beneplácito para la desocupación; sin embargo, una acción determinada que no tomara en cuenta la opinión de los gibraltareños, en el contexto actual sería difícil de adoptar.
De cualquier manera, la decisión que se adopte respecto al futuro de la actual colonia deberá ser aprobada por los gibraltareños, y no exclusivamente como resultado de las negociaciones entre ambas naciones europeas.
Por el momento, los gibraltareños (o llanitos como se denominan a sí mismos) parecen mantenerse casi completamente contrarios a la reintegración en España. En este sentido, sus autoridades han presionado para que no sea considerada en las nuevas negociaciones la anterior propuesta de soberanía compartida, ya que dicha iniciativa asienta que la soberanía del Peñón será finalmente española.
Finalmente, derivado de la reunión celebrada entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña, Joseph Piqué y Jack Straw, llevada a cabo el 20 de octubre de 2001 en Barcelona, se determinó que en el verano de 2002 se deberá llegar a un acuerdo integral sobre el futuro de Gibraltar.
Ambos gobiernos acordaron que la decisión final incluirá todos los temas importantes, incluidos la cooperación y la soberanía. Uno de los puntos centrales es que tratarán de otorgar a los gibraltareños una mayor capacidad de gobierno, así como los beneficios resultantes de una «convivencia normal» con España.
No obstante, el Reino Unido dejó claro que someterá a referéndum en Gibraltar el futuro acuerdo, y que en caso de que éste no sea apoyado por la población del enclave, mantendrá la soberanía británica en la zona.
Por su parte, España reiteró que el objetivo a largo plazo es la reincorporación de Gibraltar a la nación ibérica, señalando que no permitirá la autodeterminación gibraltareña en caso de que ésta no sea favorable a la unificación. Este enfrentamiento entre ambas posturas abre la puerta a la continuación indefinida del diferendo.
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que las aspiraciones españolas de reintegrar a Gibraltar en su territorio se contraponen con su negativa a considerar la negociación de una eventual reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, bastiones de soberanía española localizados en la costa mediterránea norafricana. Difícilmente ambos procesos resultarían totalmente favorables para España.
Gibraltar en la actualidad
La población actual de Gibraltar es de alrededor de 35,000 personas, la mayoría de las cuales habla inglés y español; étnicamente, conforman un amplio crisol compuesto por descendientes de familias genovesas establecidas en la colonia desde hace más de tres siglos (el diseñador de modas John Galiano tiene este origen); descendientes de sefarditas avecindados a partir de la expulsión de los judíos de España, en 1492, y cantidades significativas de ingleses, malteses, españoles y últimamente, marroquíes.
En lo económico, el ingreso medio de los gibraltareños supera al de sus vecinos españoles, e incluso al de los británicos; parte importante de los ingresos del bastión proviene del turismo, ya que su célebre Peñón, de más de 400 metros de altura, así como su fisonomía arquitectónica entre población mediterránea y pueblo inglés, le otorgan un atractivo especial.
La pesca es otro de los renglones donde se obtienen recursos. Sin embargo, es innegable que su condición de «paraíso fiscal» le reporta considerables beneficios económicos.
