Revista Protocolo
Luego de tres días de trabajo en el estado Puebla, el Grupo Progresivamente, de 30 líderes progresistas de Latinoamérica, por primera vez y en una actividad inédita de conversación política, anunció la consolidación de la iniciativa y una segunda versión de la misma, estableciendo la periodicidad de la actividad que reunió a representantes políticos de Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Colombia, Uruguay, Argentina y México.
El encuentro internacional fue impulsado por la fundación chilena Progresa en conjunto con el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI) de Argentina. Según detalló el chileno Marco Enríquez-Ominami, el conversatorio tuvo por objetivo “ser un grupo de articulación política transparente, un encuentro de reflexión entre progresistas, con hombres y mujeres libres pensadores, para preparar lo que viene e intercambiar ideas, legítimamente y de modo transparente”.
El resultado de esta primera edición incluyó una declaración pública en la cual el grupo de líderes rechazó el encarcelamiento del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, su persecución judicial fuera de los márgenes del debido proceso, y las condiciones de aislamiento en que se encuentra al interior de la cárcel.
De acuerdo con el documento, existe una necesidad de responder ante la guerra judicial o “Lawfare” que se ha desatado en años recientes contra dirigentes progresistas de América Latina, señalando que ello se trata “de una forma inédita y agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación de recursos legales”, siendo el caso de Lula el más emblemático.
“Los jueces e investigadores de su caso, en punible connivencia, como quedó demostrado en la reciente revelación de conversaciones publicadas en el portal The Intercept, han violado sistemáticamente las garantías del expresidente a un debido proceso como la presunción de inocencia, el principio del juez natural, el derecho a las instancias, la libre controversia de la prueba y la posibilidad de defenderse en la intimidad”, detalla el escrito, que agrega que para hacer frente a esta situación, se creará el Comité Latinoamericano por la Defensa de la Justicia y la Democracia “integrado por figuras de la región para enfrentar la guerra jurídica que hoy aparece como una de las más serias amenazas a la institucionalidad democrática regional”, cuyo objetivo será diseñar acciones concretas para denunciar los casos de persecución jurídica contra exjefes y jefas de Estado y líderes progresistas en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos.
La agrupación instó al diálogo como única manera de lograr una solución pacífica para el conflicto político, económico y social que se vive en Venezuela, recalcando que “rechazamos cualquier intento de uso de la fuerza que socave el principio de solución pacífica de las controversias”.
Entre los firmantes, destacan el candidato presidencial uruguayo Daniel Martínez, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, el senador chileno y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el senador mexicano Carlos Sotelo, el diputado argentino Felipe Solá y los chilenos Karol Cariola, diputada; el senador Alejandro Navarro y el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos.
Asimismo, participaron el excandidato presidencial de Brasil Fernando Haddad, Aloizio Mercadante, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil y exministro de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación; la exministra del Trabajo de Colombia y excandidata presidencial, Clara López; la asambleísta nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira; la exministra de Salud de Paraguay, Esperanza Martínez, y el excandidato presidencial de México Cuauhtémoc Cárdenas.
