Congreso peruano debatirá el jueves el asunto y el viernes votará si acepta la dimisión o si prefiere despojarlo del cargo
Revista Protocolo
Acorralado por una oposición resuelta a echarlo del poder, Pedro Pablo Kuczynski renunció este miércoles a la presidencia de Perú, un día antes de que el Congreso votara una moción para destituirlo por sus supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht.
La salida de Kuczynski genera incertidumbre en el país que será anfitrión, en abril, de la Cumbre de las Américas, a la que asistirán el mandatario estadounidense, Donald Trump, y una treintena de gobernantes más, incluido el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, así como el venezolano Nicolás Maduro pese a haber sido eliminado de la lista de invitados.
“Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república”, dijo Kuczynski en un mensaje al país por televisión hacia las 14:40 hora local, acompañado por miembros de su gabinete ministerial.
“No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y a mí me negaron”, agregó Kuczynski, de 79 años, primer presidente que pierde su puesto por el escándalo de Odebrecht.
Horas después, los líderes del Congreso acordaron debatir la renuncia de Kuczynski el jueves y votar al día siguiente si la aceptan, dijo a la prensa el jefe del poder legislativo, Luis Galarreta.
“El debate continuaría el viernes donde ya estaría presente el vicepresidente Martín Vizcarra”, actual embajador peruano en Canadá, quien debe sustituir a Kuczynski, explicó. “Obviamente se tomará el juramento correspondiente a Vizcarra el viernes”, indicó Galarreta.
El nuevo jefe de Estado debe completar el actual periodo de gobierno, hasta julio del 2021.
Eventualmente, el Congreso podría rechazar la renuncia de Kuczynski y en su lugar destituirlo, tal como lo hizo con Alberto Fujimori en 2000 después que este se marchó a Japón en medio de un escándalo de corrupción y envió su carta de dimisión por fax.
La empresa brasileña confesó que pagó a políticos y empresarios latinoamericanos millones de dólares en soborno y dádivas para asegurarse contratos de obras públicas.
