El Instituto Mexicano para la Justicia y la Fundación Internacional Baltasar Garzón suman esfuerzos para promover los derechos humanos y una mejor impartición de la justicia en México
Revista Protocolo
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.— El Instituto Mexicano para la Justicia (Imjus) y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) firmaron un convenio de colaboración a favor de una mejor procuración e impartición de justicia en México.
El convenio permitirá promover acciones de formación, capacitación, especialización y profesionalización en materia de derechos humanos, género y seguridad pública y privada en los diferentes ámbitos: académico, científico y cultural, en México.
La alianza firmada por los presidentes del Imjus, Juan Antonio Araujo Riva Palacio, y de la Fibgar, Baltasar Garzón Real, apoyará también el desarrollo de investigaciones y estudios científicos que favorezcan la formación de recursos humanos, conocimiento y colaboración activa entre instituciones.
En este sentido, el presidente del Imjus celebró el acuerdo asegurando que esta alianza se torna fundamental para suscribir en México “un pacto por la vida, no por la muerte”.
Por su parte, el presidente de la Fibgar destacó la experiencia de ambas instituciones para poner al servicio de la sociedad civil, “las mejores prácticas de gobierno a los esfuerzos que mexicanas y mexicanas ya están haciendo desde hace mucho tiempo” ya que, en su opinión, “el Imjus y la Fibgar no partirán de cero en su trabajo en México”.
En las líneas de colaboración entre el Imjus y la Fibgar, destaca el trabajo a realizar en materia de asesoría técnica y formación en derechos humanos y de género con los distintos operadores del sistema de justicia: fiscalías, tribunales y los cuerpos de seguridad del Estado.
También se prevé el desarrollo de actividades dirigidas a profesionales y estudiantes universitarios interesados en los distintos sistemas de justicia y en el combate a la corrupción.
Además de promover el conocimiento, la alianza busca impulsar la colaboración activa entre instituciones, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que enfrentan los distintos retos para garantizar los derechos humanos, seguridad pública y privada, procuración de justicia y combate a la corrupción y crimen organizado.
