Angélica de la Peña encabezó audiencia en la que se dio voz a la sociedad para construir una ley en materia de desaparición
Texto: Nery Anaya
La construcción de leyes debe hacerse con la supervisión y aval de a quienes éstas afectan o benefician, que son los ciudadanos. Y en el caso del tema de la desaparición forzada de personas —uno de los delitos que más lastiman a la sociedad, porque es cometido por el Estado— debe construirse una ley conjunta, bajo el consenso de la sociedad y sobre todo que vele por los intereses de los afectados y sus familias.
La elaboración de una nueva ley en esta materia convocó en días pasados a la sociedad civil, especialistas, organizaciones y familiares de víctimas de este delito, en una audiencia pública convocada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Angélica de la Peña Gómez.
En este encuentro, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de desaparición de personas, coincidieron en la necesidad de impulsar una ley general de personas desaparecidas que vigile, garantice y repare el daño de las personas víctimas de este delito. Mientras que la senadora de la bancada perredista habló sobre la obligación de construir una legislación que cumpla con el mandato constitucional.
Organizaciones especialistas en la materia, tuvieron voz en esta audiencia durante la cual los representantes de estos organismos plantearon sus puntos de vista sobre la legislación vigente, pero sobre todo plantearon la urgencia de reglamentaciones más claras y precisas, y de organismos de vigilancia sobre el cumplimiento.
Las organizaciones que subieron al estrado fueron: Defensa Estratégica de Derechos Humanos, representada por Sandino Rivero Espinoza; Ariana García Bosque, de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; María Magdalena Herrera, de Asociación Civil Familiares en Búsqueda y de la Red Enlaces Nacionales de Familiares Desaparecidos; Mario Vergara Hernández, de la Asociación “Los otros desaparecidos” de Iguala, Guerrero, y Nora Guillermina Tello Santana, presidenta de Mujeres de Michoacán.
También tuvieron voz, la coordinadora forense para América Latina del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ute Hofmeister; Paola Burgos y Rita Palombo, delegada encargada a favor de las personas desaparecidas y sus familias; Ina Zoon, de Open Society Justice Initiative; Javier Carrasco Solís, del Instituto de Justicia Procesal Penal, y Juan Carlos Arjona Estévez, de la Universidad Iberoamericana.
Durante la intensa jornada se reforzó la idea de que se deben modificar muchas otras leyes que tienen impacto en el tema de desaparición forzada de personas. Y que es indispensable que no sólo se aborde desde el aspecto penal, sino sobre todo como una violación grave a los derechos humanos, por la transgresión a la vida, libertad, seguridad personal, tortura y el impacto que tiene en el desparecido, su familia y la sociedad.
Se habló sobre la necesidad de establecer políticas que no sólo se encaminen a la tipificación del delito, sino que lo erradiquen, a través de reglamentación y regularización de corporaciones del Estado. Asimismo, se dijo que es necesario crear una comisión que vigile el desempeño de las autoridades, a efecto de que cumplan con su obligación de investigar y dar seguimiento a las denuncias, y que esté pendiente de que todos los derechos sean salvaguardados.
Se habló de que se requiere fortalecer el sistema forense para que en el país se haga un trabajo de calidad, utilizando la identificación forense que es un método multidisciplinario manejado para una investigación de rigor científica. Y de que una ley en esta materia debe vincular y establecer obligaciones específicas para todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucrados en la ejecución del Sistema Nacional de Búsqueda.
Los ponentes coincidieron en que hace falta una legislación más completa que proteja a los familiares de desaparecidos para que sean tratados como víctimas, y establecer en la ley mecanismos de protección adecuada, que contenga un análisis de riesgo en el que pueden caer los familiares de un desaparecido al enfrentar poderes institucionales o delincuenciales en la búsqueda de su familiar.
Revista Protocolo
