Embajadora Anna Lindstedt habla en seminario en el Congreso acerca de las experiencias de Suecia
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| La Embajadora de Suecia, Anna Lindstedt |
La embajadora de Suecia en México, Anna Lindstedt, participó el pasado 23 de noviembre en el Congreso de la Unión con la ponencia “El comprador de sexo: el último eslabón en la cadena de tráfico de personas” sobre la legislación sueca en el marco del seminario “La Trata de Personas y la Demanda como Delito”.
Este seminario fue realizado en el Congreso de la Unión con motivo de las votaciones próximas en el Congreso de la nueva iniciativa de Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Esclavitud, la Trata de Personas o la Explotación.
En el panel del seminario, la embajadora estuvo acompañada por la diputada Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, y la diputada Araceli Vázquez Camacho, secretaria de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas.
La embajadora inició su ponencia aclarando que las leyes suecas buscan acabar con la prostitución y con la trata de personas con fines de explotación sexual, ya que son obstáculos severos para la igualdad social y para la igualdad entre hombres y mujeres. Además, son una violación a los derechos humanos de cada individuo.
La ley sueca señala claramente la posición del Estado en cuanto a la compra de seres humanos: la compra del sexo y el tráfico de personas se entienden como la esclavitud de nuestro tiempo y ninguna forma de esclavitud es aceptable.
Desde 1999, está prohibido comprar sexo en Suecia. La ley sueca criminaliza al comprador de sexo; significa que es penalizado conseguir una relación sexual ocasional a cambio de remuneración. El código penal establece una multa, o hasta seis meses de cárcel. En cambio, no está penalizada la venta de sexo.
La ley sobre la compra de sexo es una parte importante de la estrategia sueca en la lucha contra la prostitución y la trata. Lo que une estas dos actividades, según la manera sueca de verlo, son los clientes, que con su dinero apoyan el crimen organizado.
Anna Lindstedt comenta: “Cuando esta ley entró en vigor, fue única en el mundo y cuestionada, también en Suecia. Era de esperarse ya que pone en tela de juicio y penaliza un antiquísimo ‘derecho’ de los hombres a considerar el cuerpo de la mujer como mercancía, algo que se puede comprar y vender. En una sociedad equitativa no se ve en la mujer una mercancía.”
La embajadora siguió explicando: “¿Por qué una ley que se concentra en el comprador? El objetivo es reducir la demanda y al mismo tiempo proteger a quien se encuentre en explotación sexual. Varios años de discusión y trabajo a favor de los derechos de las mujeres forman la base de esta legislación en la que se refleja la voluntad política sueca para llegar a una sociedad de igualdad de oportunidades para todos y protección para el más desprotegido.”
La ley sueca sobre trata de personas fue evaluada y examinada entre 2007 y 2009. En febrero de este año, se presentó una propuesta para simplificar la ley. En esta propuesta se recomendaba ciertas simplificaciones a la ley, por ejemplo, que ya no fuera necesario demostrar en qué medida y de qué forma, los traficantes han ejercido el control de una víctima. Se considera un cambio muy importante, ya que el tema de la libre voluntad es complicado.
En sus palabras, la embajadora subrayó: “En Suecia, consideramos un derecho humano proteger nuestra integridad sexual y nuestra propia sexualidad. No es ningún derecho humano comprar el cuerpo de otra persona. En cambio, sí es una obligación del Estado proteger la integridad sexual de las jóvenes y personas vulnerables.
“La prostitución no se trata de una relación de igualdad entre dos personas que hacen un ‘trato’. Normalmente, es un hombre mayor con dinero que compra el cuerpo de una mujer joven que necesita dinero.”
La embajadora concluyó su ponencia expresando que la trata de personas es la esclavitud de nuestro tiempo y aunque significa un reto para el sistema judicial sentenciar a los delincuentes, tenemos la obligación de intentarlo. Es la obligación del Estado proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más expuestos.
Revista Protocolo
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