Hasta ahora 11 países de la región han tipificado el feminicidio en sus legislaciones
La violencia contra las mujeres no puede analizarse ni enfrentarse de manera aislada sino vinculada a los factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, plantea el último informe anual del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, presentado durante el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género de Aguascalientes.
Aunque el documento alerta sobre la ausencia, heterogeneidad y dispersión de las estadísticas sobre violencia en la región, algunas cifras nacionales dan cuenta de la magnitud del problema. El año pasado, 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas íntimas en Colombia, 83 en Perú, 71 en República Dominicana, 46 en El Salvador, 40 en Chile, 25 en Uruguay, 20 en Paraguay y 17 en Guatemala.
Otras encuestas muestran que 63 de cada 100 mujeres en México y 60 de cada 100 mujeres en Ecuador han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona. Esta violencia ocurre con mayor frecuencia entre quienes tienen o han tenido pareja (casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas): 48.7 por ciento en Ecuador, 47 por ciento en México y 45.4 por ciento en Uruguay.
Las dificultades para obtener información confiable y oportuna se agudizan cuando se trata de mujeres indígenas y afrodescendientes. Datos disponibles indican que en Ecuador y Perú alrededor de 38 por ciento de las mujeres indígenas han sufrido alguna vez violencia física o sexual a manos de su pareja. Esta situación alcanzaría a 24 por ciento de las mujeres indígenas en Guatemala y 20 por ciento en Paraguay.
Hasta ahora 11 países de la región han tipificado el femicidio/feminicidio en sus legislaciones: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, y tres han construido una agravación para el homicidio: Argentina, Colombia y Venezuela.
Pese al avance normativo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte sobre la falta de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación en los países. A esto se suma, dice el informe, que las normas se concentran en el castigo de los agresores, sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado.
La autonomía de la población femenina se ve amenazada por la alta proporción de mujeres sin ingresos propios, que en 2010 alcanzaba a 32.7 por ciento, en comparación con 12.1 por ciento de los hombres. Por ello se plantea “el desafío de evaluar si los programas de empoderamiento económico que se instalan en distintos países contribuyen o no a la eliminación de la violencia y sus causas a corto y largo plazo”.
La Cepal recomienda mejorar la producción de información sobre la violencia de género; llevar a cabo, cuando sea necesario, procesos de reforma legislativa con debates participativos; lograr una coordinación institucional fuerte, de alta jerarquía y gran capacidad técnica; e instaurar un sistema verdaderamente integral de atención, capaz de articular las políticas sociales con las respuestas judiciales.
También propone fortalecer los mecanismos de atención en salud; asegurar el financiamiento adecuado de las políticas públicas, las instituciones y los sectores involucrados en las iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres; generar mecanismos transparentes, periódicos y profesionales de evaluación, y establecer espacios para la participación de la sociedad civil, entre otros.
Revista Protocolo
