El Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, firmó el 6 de febrero en París la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que tiene el objetivo de imponer a los Estados la obligación de someter ante la justicia a los responsables de desapariciones forzadas, y el derecho a conocer la verdad acerca del destino de la persona desaparecida y todas las circunstancias en torno a este delito.
A la ceremonia que se celebró en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, asistió el Embajador de México ante esa nación, Claude Heller.
La Convención, que entrará en vigor 30 días después de que sea ratificada por al menos 20 países firmantes, ayudará a prevenir futuras desapariciones y a llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, prevé un mecanismo de seguimiento para su efectiva implementación por los Estados parte.
Convocada por el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Philippe Douste-Blazy, la reunión contó con la presencia de Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Jacob Kelleberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, y con representantes de las naciones que adoptaron, de manera unánime, dicho instrumento en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunida en sesión plenaria el pasado 20 de diciembre.
México tuvo una participación activa en las negociaciones que condujeron a la aprobación de este instrumento, el 19 de junio de 2006 en el seno del Consejo de Derechos Humanos, reunido en su sede en Ginebra, Suiza.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas surge como el primer tratado vinculante a nivel mundial que define a la desaparición forzada del siguiente modo: el secuestro, detención o privación de la libertad de una persona por parte de las autoridades de un Estado, o de personas o grupos de personas con autorización del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a revelar y reconocer la privación de la libertad o el paradero de esa persona, así como a dar información sobre lo que le ha sucedido.
Revista Protocolo
