El pasado 22 de marzo los legisladores Jeff Flake (republicano de Arizona) y Luis Gutiérrez (demócrata de Illinois) introdujeron en el Congreso una iniciativa denominada STRIVE Act —“Seguridad mediante una migración regularizada y una economía vibrante”, sería el título en español—.
Alejandro Ramos Cardoso
Esta propuesta ha sido analizada desde diversas ópticas y bajo distintos parámetros. Lo cierto es que ante una situación de premura como la que enfrenta la posibilidad de una reforma migratoria, por la proximidad del proceso electoral de 2008 en Estados Unidos, dicha iniciativa actualmente representa uno de los únicos esfuerzos bipartidistas por legislar en materia migratoria en pos de una reforma integral.
Debemos tener claro, al considerar las bondades y fallas de cada iniciativa de este tipo, cuáles son los temas que para México son de mayor importancia. En primer lugar, está el tema de la seguridad. Lamentablemente, es un asunto que se ha asociado con la migración, erróneamente desde mi punto de vista, en tanto los inmigrantes en su gran mayoría no representan un peligro para la seguridad de Estados Unidos.
Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 2001 la seguridad encabeza la lista de prioridades y cualquier iniciativa de reforma migratoria invariablemente tocará este tema. Al respecto, la postura del gobierno mexicano ha sido clara y firme: la construcción de bardas y muros a lo largo de la línea divisoria entre ambas naciones no se traducirá en mayor seguridad para Estados Unidos. La gran mayoría de los que atraviesan la frontera hacia el norte lo hace en busca de un trabajo y a la postre se trata de gente que trabaja, acata la ley y contribuye a la fuerza de la economía y la grandeza de la sociedad estadounidense.
En gran medida, la presencia de mayores dispositivos de seguridad en la frontera ha desviado el flujo migratorio hacia regiones de difícil acceso en las que cientos de migrantes pierden la vida cada año, impactando de manera profunda y negativa a las comunidades a ambos lados de la frontera y al medio ambiente. El beneficio es para la industria del tráfico de personas, al volverse más rentable “cruzar” a los inmigrantes, cobrándoles tarifas más elevadas.
La presencia de aproximadamente seis a ocho millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos actualmente es otro aspecto por considerar. En este tema, se han analizado varias propuestas; lo que no se debe perder de vista es que sin un camino a la regularización, esta población seguirá estando en la clandestinidad, con las consecuencias en los ámbitos de la violación de sus derechos humanos, civiles, laborales y la lamentable situación de desintegración familiar, por todos conocida, por un lado.
Por el otro, el estadounidense promedio sufre diariamente el efecto mediático que produce la constante exhibición y catalogación del inmigrante como criminal, quien supuestamente vive a expensas de los impuestos de los votantes y del Estado, presuntamente incapaz de adoptar la cultura y valores de la sociedad estadounidense; todo lo cual contribuye a la generación de un ambiente de temor generalizado entre la población y animadversión hacia los inmigrantes. Numerosos estudios realizados por universidades y organizaciones distinguidas han mostrado que no se puede concluir:
1) Que la presencia de inmigrantes eleve las tasas de criminalidad;
2) Ni que la contribución de los migrantes por medio de sus impuestos sea menor a la cantidad que deroga el Estado por servicios públicos que les proporciona.
Como colofón en este tema, haría falta preguntarse qué tan factible es el apartado de la Flake-Gutiérrez respecto de hacer que los inmigrantes indocumentados salgan del país para luego entrar “correctamente”. Pensemos cuán difícil y costoso sería llevar dicha empresa a la práctica.
Finalmente, otro de los elementos torales para analizar una propuesta de reforma migratoria integral es la inclusión y extensión de los programas de trabajadores temporales. La estructura laboral de Estados Unidos: falta de trabajadores que realicen trabajos que su mano de obra no realiza, así como la innegable y enorme diferencia de percepciones salariales que ofrece el mercado laboral estadounidense en comparación con el de sus vecinos al sur, son considerados de manera consensual como uno de los motores que impulsan la migración de carácter económico hacia el norte.
Respecto de este tema, los dos países deben encontrar maneras de integrar a los nuevos trabajadores en la estructura laboral estadounidense de manera ordenada, legal y por los canales conducentes y, sobre todo, en condiciones dignas y aceptables para los trabajadores. Por su parte, México tiene una gran responsabilidad: creación de fuentes de empleo bien remuneradas, con el objetivo de no seguir perdiendo a nuestros hombres y mujeres que se ven en la necesidad de emigrar.
Sin embargo, México comparte dicha responsabilidad. De manera notoria últimamente, han crecido las voces que abogan por una visión desde una perspectiva regional, lo que equivale a una mayor coordinación entre los tres países de América del Norte para impulsar crecimiento y desarrollo en México, como la mejor manera para controlar la migración ilegal. Está en el interés de cada país de América del Norte, invertir en un mejor desempeño y desarrollo a escala regional. A cambio, México debe reforzar la administración de sus fronteras, así como reformar su propia legislación en materia migratoria y dar seguridad a la inversión extranjera.
Si bien el gobierno de México está perfectamente consciente de que la reforma migratoria es un tema que compete a Estados Unidos y recae dentro de su propio ámbito de soberanía, seguirá de manera cautelosa y estrecha el debate respecto de una reforma migratoria en beneficio de ambas sociedades.
Revista Protocolo
