Busca asegurar el respeto a sus derechos sociales, económicos y culturales
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, se comprometió a impulsar una ley para las familias de migrantes y sus comunidades, que asegure el pleno respeto a sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
Una ley —afirmó— que garantice a más de 30 millones de mexicanos que tienen un familiar trabajando legal o ilegalmente en Estados Unidos, condiciones adecuadas para ejercer su derecho a migrar, que sancione el maltrato y la discriminación y que ponga la unidad familiar en el centro de la legislación.
Ante más de 50 representantes de familiares de migrantes reunidos con motivo del Segundo Diálogo Nacional sobre Migración, Remesas, Responsabilidad Social, Familia y Educación, la legisladora perredista prometió trabajar para apoyar y agilizar ante el gobierno federal las respuestas a sus necesidades.
Luego de escuchar una serie de propuestas, Cuéllar Cisneros destacó la necesidad de construir políticas públicas que reconozcan a las comunidades y a las familias de los migrantes como fundamentales para el desarrollo del país.
Aseveró que las crisis económicas de los últimos 30 años han provocado un incremento de la migración que mantiene a millones de familias mexicanas divididas, y ello ha facturado el tejido social.
Ante ello, los convocó a organizar mesas de trabajo para dar vida a una nueva iniciativa de ley en la cual “pondré todo mi empeño para llevarla a ser realidad”, ya que a pesar de que México es territorio de una cultura plurinacional, aún no es reconocida por el Estado ni por las leyes, y la migración sigue castigada.
Por su parte, Marco Antonio Castillo Martínez, director de la Asamblea Popular de Familias de Migrantes (Apofam), dijo que “no somos voceros de ninguna causa, sino afectados directamente de la migración forzada y por el vacío legal que existe entre México y Estados Unidos en la materia”.
“Deseamos —añadió— sensibilizar al Poder Legislativo sobre las causas y las consecuencias de la migración en las comunidades mexicanas y avanzar en una propuesta que nos represente.”
Subrayó que “desde hace tiempo estamos tomando el escenario social de forma histórica como la fuerza de familias de migrantes, de más de tres millones de familias rotas y seguimos viviendo las consecuencias de un tejido social desecho por la migración”.
Castillo Martínez expuso que más de 300 mil niños que han regresado a México en los últimos diez años enfrentan el riesgo de no contar con identificación y de no acceder “ni siquiera al derecho mínimo de tener un acta de nacimiento”.
En tanto, representantes de familias de migrantes de comunidades del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco, pidieron que sean preservadas sus raíces culturales que han ido desapareciendo por el aumento de la migración.
“No es posible que en pleno siglo XXI los pueblos rurales e indígenas siguen siendo los más desprotegidos de la sociedad”, puntualizaron.
Señalaron que a pesar de que sus familiares envían cada año miles de millones de dólares en remesas, sus comunidades siguen enfrentado pobreza, desempleo, falta de escuelas, centros de salud, comunicaciones, maquinaria y equipo para trabajar la tierra, así como vivienda e infraestructura de agua potable y drenaje.
Revista Protocolo
