¿Qué pasa cuando se pone en tela de juicio la intervención de la religión en la educación?
Revista Protocolo
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2021.— México es un país con alta presencia religiosa ya que se estima que más del 90 por ciento de la población profesa alguna creencia de culto, siendo la religión católica la más popular con más del 80 por ciento de seguidores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Actualmente se conoce que dicha cifra ha ido en descenso durante los últimos diez años debido a la expansión de la diversidad y libertad religiosa, así como al crecimiento del número de personas no creyentes.
Aun con esto, continúa siendo alto el nivel de creyentes que esta religión tiene en diversos estratos en México; no solo en sus propias comunidades, también lo hacen en los sectores económicos, sociales, culturales, deportivos y académicos que componen al país. Prueba de ello son las actividades de responsabilidad social, capacitaciones laborales o promoción de la salud que algunas congregaciones realizan para apoyar a la sociedad en general.
No obstante, existen ciertas actividades en las que la Iglesia y la religión no pueden intervenir bajo ningún motivo. Entre estas se encuentran la política y la educación. De acuerdo con la Constitución Política Mexicana, la educación en México debe ser siempre laica, gratuita y obligatoria, lo que significa que ningún culto religioso puede relacionarse directamente con la parte de academia pública en el país. Es de esta manera que existe en el mundo el derecho a la libertad religiosa, por lo que resulta posible que instituciones educativas privadas puedan educar bajo esquemas religiosos, teniendo en México al 15 por ciento de las escuelas de paga, quienes educan bajo un esquema de culto, en su mayoría centros católicos, cristianos y judíos, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Se sabe que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, seis de cada diez mexicanos aprueban la enseñanza de dogmas religiosos en los salones de clases de las escuelas gratuitas, incluso si esta no está permitida y solo ha de ser posible en un centro privado o familiar.
Aun cuando estas regulaciones para la enseñanza en México existen desde hace décadas y de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto permite a los estudiantes analizar la ciencia sin dogmas y crear conocimiento de manera cotidiana, actualmente hay países donde la educación religiosa es legal en los institutos públicos, motivo que causó hace más de una década un debate que resurgió durante los últimos meses en Latinoamérica debido al caso Pavez vs. Chile, el cual involucró una batalla legal debido a la discriminación sufrida por Sandra Pavez a causa de las decisiones de las autoridades religiosas del instituto donde se dedicaba a impartir clases de religión al enterarse de su orientación sexual, caso que fue solucionado bajo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Pavez y poniendo en tela de juicio la intervención de la religión en la educación pública a escala mundial.
