Revista Protocolo
A solicitud de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que identifica fortalezas, buenas prácticas y áreas de oportunidad para orientar un proceso interinstitucional de fortalecimiento.
El documento es resultado de un análisis que incluyó: una amplia revisión documental de material sobre el Mecanismo público y privado; realización de más de 100 horas de entrevistas a 147 personas, dando prioridad a personas beneficiarias y funcionarias del Mecanismo; observación y documentación de la actuación del Mecanismo en diferentes procesos, incluido el acompañamiento permanente a su desarrollo desde 2012; y el intercambio de reflexiones y propuestas con personas y entidades expertas en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluidos mecanismos internacionales de derechos humanos.
La existencia del Mecanismo reafirma el papel que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la sociedad y la necesidad de que el gobierno les otorgue protección, sobre todo ante una dinámica preocupante de agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen periodismo en México.
Al realizar este diagnóstico la ONU-DH reforzó su convicción sobre la importancia del Mecanismo, reconocida por varias de las 62 personas beneficiarias entrevistadas, quienes destacaron que la protección brindada por el Mecanismo es el motivo por el cual siguen vivas.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resaltó que “el desarrollo progresivo del Mecanismo representa un aprendizaje de seis años, resultado en gran parte de un compromiso de quienes trabajan y trabajaron en la institución”. Asimismo, mencionó que “la Ley ha mostrado la capacidad de ofrecer un marco legal suficientemente flexible para facilitar el desarrollo del Mecanismo y el esquema de gobernanza participativa que prevé es una referencia internacional de participación ciudadana”.
De acuerdo con estadísticas publicadas por el Mecanismo, en el 55 por ciento de los casos en que se identificaron presuntos perpetradores, estos eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra.
La necesidad de cambios representa un reto que va más allá de la asignación de recursos económicos y exige una respuesta de Estado. Frente a este diagnóstico y otros esfuerzos, la ONU-DH ve necesario establecer una ruta con una visión amplia que dé seguimiento interinstitucional a la implementación de las acciones de fortalecimiento que deriven de las necesidades identificadas.
Finalmente, la ONU-DH agradeció a la Segob por la oportunidad de colaborar en el fortalecimiento del Mecanismo y reitera su plena disponibilidad para seguir apoyando en la implementación de las recomendaciones formuladas en este diagnóstico.
