Con este órgano se buscara saber la opinión de la ciudadanía en torno a si alguna ley efectivamente funciona
Es necesario que el Congreso de la Unión impulse la creación de un órgano de evaluación que permita conocer el impacto de las leyes que se aprueban, si cumplen los objetivos y saber la opinión de la ciudadanía en torno a si la ley efectivamente funciona, afirmó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eloy Cantú Segovia (PRI).
Durante una reunión con José Antonio Ardavín, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, para América Latina, el legislador afirmó que la Cámara de Diputados tiene la infraestructura necesaria para iniciar con el estudio de las capacidades de evaluación regulatoria en el Congreso.
“Hay que enviar una propuesta a la Junta de Coordinación Política a efecto de que defina cómo aterrizar el proyecto. Aprovechemos lo que tenemos para la nueva misión, a través de nuevas comisiones o creando nuevas, pero que se oficialice un arranque”, subrayó.
Cantú Segovia explicó que en el Congreso mexicano se analiza y estudia el impacto presupuestal antes de aprobar una ley, pero no se analiza la repercusión social después de votarla “y para los legisladores es de la mayor importancia saber qué pasa con las leyes que se aprueban”.
Indicó que la OCDE ha hecho un ejercicio para evaluar el impacto de las leyes y las diversas regulaciones y se tienen experiencias concretas de las mejores prácticas internacionales en países donde funcionan de manera diferente las evaluaciones.
Asimismo, dijo que “las políticas públicas se evalúan y la legislación es, por excelencia, un instrumento de orden público, y su evaluación deviene en la etapa de desarrollo democrático que tiene México pues una de las instancias de evaluación es la ciudadana”.
Al participar, José Antonio Ardavín señaló que el objetivo de la OCDE es hacer y promover mejores políticas para una vida mejor, y dado que éstas inician desde los parlamentos, se ha buscado un acercamiento con éstos para tratar diferentes temas “porque son la otra parte de la pinza de las políticas públicas”.
A su vez, el especialista en mejora regulatoria de la OCDE, Jacobo Pastor García Villarreal, explicó que la meta de la evaluación ex post es determinar si el marco regulatorio en vigor alcanzó los objetivos deseados, si su aplicación fue eficaz y eficiente y en qué medida se abordó adecuadamente al concebir los instrumentos normativos.
Agregó que esta práctica contribuye a definir nuevas intervenciones y mejorar la transparencia, al abrir oportunidades de participación ciudadana, la rendición de cuentas y reducir el riesgo de fallas. Indicó que en el ámbito legislativo no se cuenta con herramientas de calidad regulatoria, lo cual crea un vacío en el sistema de gobernanza regulatoria.
El Congreso mexicano, dijo, requiere mecanismos para asegurar la calidad regulatoria, y propuso realizar un estudio de las capacidades de evaluación regulatoria; seminarios para el desarrollo de esas capacidades; conferencias internacionales sobre evaluación legislativa; misiones de estudio a parlamentos de otros países, y estudio de percepción de una ley específica.
Revista Protocolo
