Se busca destacar la necesidad de financiación, servicios esenciales, prevención y generación de datos que propicien acciones efectivas para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, y avanzar en la igualdad sustantiva
Revista Protocolo
Ciudad de México, 22 de diciembre de 2020.— La violencia contra mujeres y niñas es una pandemia que no se ha logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la sociedad en su conjunto a hacer frente a la violencia contra mujeres y niñas, la cual ha generado que en México siete de cada diez mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.
Las emergencias humanitarias, desastres, crisis económicas y pandemias generan, para las mujeres y niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia del covid-19 es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos e igualdad de género.
La pandemia afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por consecuencias económicas, sociales y violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.
En el contexto actual, en países como Argentina, Túnez y Reino Unido, las llamadas a las líneas de ayuda para casos de violencia contra las mujeres se multiplicaron por cinco. México no ha sido la excepción. De enero a septiembre de 2020, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con algún incidente de violencia contra mujeres sumaron 925 mil 205, lo que representa un aumento de 1.1 por ciento al considerar este mismo periodo en 2019, en el que se registraron 914 mil 853 llamadas.
Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del secretario general de la ONU, António Guterres, el Sistema de las Naciones Unidas diseñó una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto del covid-19 y promover la cero tolerancia a la violencia en todas las esferas de la sociedad:
- Financiar:dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre el covid-19 y la violencia de género.
- Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas con un plan de acción concreto.
- Responder: poner atención sobre las víctimas y sobrevivientes, mediante el paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.
- Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.
El hecho de que la violencia esté presente, no quiere decir que sea normal ni aceptable; a pesar de la devastación que ha causado, la crisis del covid-19 representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia.
Se necesita crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra de la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.
El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en 2021, representa la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta por parte de los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de la violencia en general.
