Según el Análisis del comportamiento de delitos 2020 que presentó el ONC, en 2020 la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, tal y como lo indican las cifras oficiales
Revista Protocolo
Ciudad de México, 25 de enero de 2021.— El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó el Análisis del comportamiento de delitos en 2020. Enfoque especial en homicidio doloso, el cual destaca que durante el año pasado la violencia homicida se mantuvo en estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7 por ciento y la violencia familiar creció 3.7 por ciento respecto a 2019, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país”.
El director general del ONC, Francisco Rivas, consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4 por ciento en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28 por ciento en tasas por 100 mil habitantes) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal. Este porcentaje, dijo, refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.
El análisis del ONC indica que la ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia y que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro, que la disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio.
Rivas dijo que, hasta noviembre de 2020 seguía siendo el año con más víctimas. La disminución anual, explicó, se debe a un descenso importante en diciembre. Para hablar de una tendencia a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. “El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.
El director del ONC advirtió que el recorte presupuestal que han tenido programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos y dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, insistió, no debe ser manejado políticamente. Y fue más allá al establecer que la comunicación de las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable. Forzar la información no solo confunde a la ciudadanía si no que favorece la toma de malas decisiones de política pública, sentenció.
El Análisis señala que a pesar de las deficiencias existentes en el registro e investigación de los feminicidios (todavía tres de cada cuatro se investigan como homicidio doloso de mujer), 2020 fue el año con más víctimas de este delito desde que se tiene registro.
El documento destaca que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección de estos, dijo, favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.
También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y medio ambiente.
El análisis advierte además que el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En México, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.
Ante este escenario, el gobierno federal más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, debe velar por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la violencia política.
