Quienes no acudan a la certificación de estudios estarían impedidos para seguir ejerciendo la carrera
Protocolo/Redacción
El diputado de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, impulsa una iniciativa que modifica el artículo 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para establecer que la Cédula Profesional, documento que acredita la terminación de estudios profesionales, se renueve cada seis años.
Propone que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones, integre un padrón por especialidades de todos los profesionistas titulados y certificados que deberá actualizarse en forma anual y estará disponible para su consulta, a través de los medios electrónicos institucionales de la dependencia.
Para acreditar la certificación, los interesados deberán presentar una evaluación teórico-práctica, a fin de demostrar que tienen los conocimientos necesarios en la materia que trate la certificación que pretendan. Esta evaluación podrá solicitarse en la institución de educación superior donde haya cursado sus últimos estudios o en otra de su elección, la cual deberá expedirle una constancia que contenga los resultados de la evaluación correspondiente.
De acuerdo con la propuesta, quienes no acudan a la certificación referida estarán impedidos para seguir ejerciendo la carrera, pero mantendrán su derecho de acudir ante la SEP para solicitar una prórroga o término, con el fin de acreditar los estudios.
La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria y remitida a la Comisión de Educación para su análisis, establece que el ejercicio profesional se deberá prestar con la diligencia que el caso concreto lo permita y con responsabilidad, experticia, objetividad, imparcialidad y decoro.
García Yáñez mencionó que la sociedad requiere de profesionistas capacitados y especializados que brinden bienestar y satisfacción, sobre todo en carreras como medicina, que implica diversas ramas y especialidades como anestesiología, ginecobstetricia, odontología, oncología y enfermería, entre otras.
“Los psicólogos o psiquiatras están en la misma condición y se extiende a los abogados que ejercen las distintas disciplinas jurídicas, donde se requiere de expertos y no de chantajistas, pues el resultado de un mal ejercicio profesional puede derivar en ser privado de derechos como a la libertad, el patrimonio o la vida”, añadió.
El diputado consideró que sin registro o certificación no hay legalidad; en síntesis, sin un control o supervisión de la autoridad, el ejercicio de la profesión se vuelve un escenario anárquico.
Mencionó que la ley, en sus términos vigentes, no toma en cuenta la superación periódica y actualización de los estudios del profesionista, por lo que esta iniciativa pretende atender dicha omisión, con el fin de que la Dirección General de Profesiones los certifique cada seis años. Países desarrollados que apostaron por este camino, notaron sus beneficios en economía, política, cultura, bienestar social, empleo, combate a la pobreza y tecnología.
