Las leyes restrictivas de aborto tienen un impacto diferenciado en las mujeres más vulnerables y sin recursos económicos
Revista Protocolo
En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil y activistas del Movimiento Marea Verde inundaron la Cámara de Diputados y la de Senadores para exigir la despenalización del aborto en todo el país.
En la Cámara de Diputados se llevó a cabo una sesión solemne por el 8 de marzo en la que algunas asistentes hicieron un “pañuelazo” para exigir que se posicione el tema en la agenda legislativa. Más tarde, en una sesión de Parlamento Abierto, organizaciones, academia, personal médico, activistas, diputadas y diputados comprometidos con los derechos humanos de las mujeres, hicieron un llamado a la inaplazable necesidad de despenalizar el aborto en todas las entidades del país.
Paralelamente, en el Senado de la República se dieron pañuelos verdes en las curules de los parlamentarios para que no se pierda de vista el interés de la ciudadanía porque el tema se coloque como una prioridad.
En México, solo en la Ciudad de México (CDMX) se permite el aborto por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. En el resto del país, se da el aborto en casos de violación y, dependiendo de la entidad, por otras causales como riesgo a la vida, a la salud, alteraciones graves en el producto y razones socioeconómicas. Lo anterior se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia. Además, existe la NOM-046, una normativa de alcance nacional que permite a las víctimas de violencia sexual acceder a aborto legal directamente en los servicios de salud sin tener que acudir a la policía.
Pero aun en los casos en que el aborto es permitido por ley bajo ciertos criterios, el acceso a un aborto seguro y legal continúa siendo limitado. Por ello, las acciones llevadas a cabo por diferentes activistas denotan el compromiso pendiente que tiene el Poder Legislativo con que todas las mujeres tengan los mismos derechos.
Además, despenalizar el aborto en todo el país es una medida para disminuir la alarmante cifra de mortalidad y morbilidad vinculada al aborto inseguro, una deuda democrática que existe con las mujeres.
Según el Instituto Guttmacher, las condiciones de legalidad de un país tienen poco que ver con la cantidad de abortos que se llevan a cabo y mucho que ver con las condiciones en las que suceden. De acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna, en México, el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna, representando el 9.3 por ciento del total de muertes maternas en 2015. Mientras tanto, en el resto del país las mujeres que desean interrumpir embarazos son criminalizadas y se ven forzadas a movilizarse a la CDMX y en caso de no contar con recursos, se exponen a hacerlo en condiciones que pueden ser inseguras poniendo en riesgo su vida y su salud.
La despenalización permite ampliar libertades y, con ello, proteger la vida y salud de las mujeres.
