Monterrey cuenta con la primera corte de drogas en México
Texto y fotos: Jacqueline Jiménez Martínez
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| Los panelistas participantes en el encuentro sobre cortes de drogas |
La Embajada de Estados Unidos en México organizó una mesa redonda con la presencia del juez de la Corte Superior de Santa Bárbara, California, Rogelio Flores, quien habló sobre la misión y los objetivos de las cortes de drogas. Dicho acto se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre en la Biblioteca Benjamín Franklin.
Flores, que es miembro de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Cortes de Drogas, habló del modelo de drogas en Estados Unidos, asegurando que es necesario cambiar la conducta del delincuente, “lo que se ha hecho es ponerlo en la cárcel hasta que cambie, eso no sirve”, dijo.
Además, informó que hoy en día Estados Unidos cuenta con dos mil 600 cortes de drogas, las cuales han tenido muy buenos resultados. “Tiene que ser algo local, los tribunales trabajando en conjunto con fiscales, y defensores. Podemos ser agentes de cambios positivos”, aseguró Flores, quien lleva 16 años en las cortes de drogas.
Por otra parte, Julián Nava Hernández, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, habló sobre la Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones del Distrito Federal, presentada ante la Asamblea Legislativa el pasado 10 de abril, un sistema de rehabilitación a los individuos que cometen un ilícito bajo la influencia de sustancias prohibidas y un modelo de integración a la sociedad con elementos por estudiar, como el que haya flexibilidad en la aplicación de incentivos, así como la duración del tratamiento, aplicando el principio básico de la confidencialidad, y con una apertura a espacios de evaluación.
Asimismo, mencionó la importancia del rol del juez para el proceso terapéutico, y los retos a los que se enfrenta el modelo, que parten de distintas situaciones, como la lucha frente a la carencia de información por parte de autoridades, “se debe aprender de la experiencia y haber una retroalimentación, con una capacitación y seguimiento permanente, así como evaluación externa, vinculando instituciones y academia”, aseveró.
También intervino en la mesa redonda Rafael Camacho Solís, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, quien aseguró: “las adicciones son una enfermedad, no un delito, se previenen o se tratan, no se castigan”, y aceptó que la justicia debe tener un efecto terapéutico, pero no vengativo para la persona que comete el delito, “se le da la oportunidad de tomar un tratamiento en lugar de ir a la cárcel, contemplando el resarcimiento del daño a la víctima”, dijo.
En este contexto, Camacho Solís indicó que con esto se busca un tratamiento para controlar la enfermedad y reintegrar al individuo a su familia, a su trabajo y a la sociedad misma. Y mencionó que el objetivo de esta justicia terapéutica es evitar la reincidencia, reduciéndose en cuatro o cinco veces la probabilidad. “Con esta iniciativa ganan todos, se garantiza el trato digno, que significa un avance cultural.”
Igualmente, Fabián Acosta Cisneros, defensor público del Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones de Nuevo León, manifestó que en estos programas existe una relación directa entre los sistemas de justicia y de salud pública, y afirmó que los objetivos de este modelo son: evitar la reincidencia del delito, la rehabilitación de una persona y su reinserción efectiva a la sociedad como algo productivo.
Acosta habló de la necesidad de que los jueces se sensibilicen para atender de forma adecuada cada caso y que haya una motivación para continuar. “Este programa no es para delincuentes, sino para personas buenas que se han equivocado”, afirmó.
Monterrey cuenta con la primera corte de drogas de México, con un tratamiento compuesto de cinco etapas, y con una duración de 18 meses en total.
Al respecto, Berenice Santamaría, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, agregó que se tiene que hacer un análisis de viabilidad y una evaluación de drogas para ver en qué estados se pueden crear las cortes de drogas, pero enfatizó que es necesario que se tenga un avance en materia penal.
Para concluir, Camacho Solís adelantó que para el DF se considera la apertura de cinco cortes, para lo cual se requiere de adaptaciones e instalaciones, como es el caso de las cortes orales. “Espero que la Asamblea tenga la sensibilidad de aprobarlo y destinarle un presupuesto”, finalizó.
Revista Protocolo
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| Rogelio Flores, magistrado del Tribunal Superior del condado de Santa Bárbara |
Julián Nava Hernández, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y Fabián Acosta Cisneros, defensor público del Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones de Nuevo León |
Rafael Camacho Solís, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México |
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| Berenice Santamaría, de la Comisión Nacional contra las Adicciones |
